Grande-Marlaska pide “unir esfuerzos” para proteger a los colectivos más vulnerables en el ciberespacio

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El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la necesidad de actuar conjuntamente desde el ámbito público y privado, aunando educación, prevención y contando con la colaboración de todos los ciudadanos para “atajar”  los comportamientos delictivos que se cometen en los entornos tecnológicos y que afectan especialmente a los colectivos más vulnerables.

Grande-Marlaska se ha referido a este asunto durante su intervención en  la “Jornada sobre tecnologías para la prevención y control de los ciberdelitos sobre colectivos vulnerables”,  organizada por la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, que se ha celebrado la mañana de este martes en el Museo de la Moneda de Madrid.

Durante el encuentro, el ministro en funciones ha explicado que estos colectivos se enfrentan a mayores peligros que la media de ciudadanos y es, por tanto, una “discriminación” que se debe combatir con decisión, porque “en nuestra sociedad todos tenemos los mismos derechos y deberes y no podemos permitir que nadie sea excluido”.

Ha advertido sobre la “peligrosidad” de la cibercriminalidad que, según el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del interior,   va creciendo año tras año y que en 2018 ha supuesto el 7,0 % del total de infracciones penales, casi un cinco por ciento más que en el 2011.

El ministro del Interior en funciones ha explicado que durante 2018, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado registraron 84.607 victimizaciones por este tipo de delitos, de las cuales un 80,2% correspondían a hombres de 26 a 40 años, víctimas de fraudes informáticos. Sin embargo, ha subrayado que las mujeres superan en porcentaje a las víctimas de sexo masculino cuando se trata de hechos relacionados con delitos sexuales, donde encontramos que el 71% de las víctimas son mujeres ya que los delincuentes “replican” las pautas de acción de la violencia de género.

En el desglose de datos, el ministro del Interior en funciones también se ha referido a los mayores de 65 años que a pesar de ser el colectivo de personas que menos utiliza internet, representa el 5% de las victimizaciones por estafa en la red. De igual manera, ha advertido sobre las coacciones y amenazas que sufren los menores de edad, prácticas conocidas coloquialmente como ciberbullyng o grooming  y que ha calificado de  “muy graves”. Además, ha destacado que dentro de este tramo de edad se produce un hecho “especialmente” preocupante pues las victimizaciones de las mujeres menores de edad duplican a las de los menores de sexo masculino, lo que a su juicio refleja una doble vulnerabilidad “absolutamente inaceptable”.

Más cultura en ciberseguridad

Grande-Marlaska ha destacado que el Ministerio del Interior  “está volcado” en la formación y capacitación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con unidades especializadas como la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional o el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, entre otros, para construir un  ciberespacio más seguro.

En este contexto, ha puesto de relieve asimismo las nuevas herramientas legales y materiales que ha ido desarrollando España para luchar contra estas actividades delictivas. En concreto, se ha referido a la figura del agente encubierto informático, aprobada tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015, y que según el ministro ha dado importantes resultados.
Junto a la “modernización” de los procedimientos legales y policiales, el ministro del Interior en funciones ha abogado por la prevención y por fomentar una cultura de la ciberseguridad en donde el ciudadano avance también en su propia autoprotección.

Grande-Marlaska ha insistido en la necesidad de complementar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  con una mayor colaboración ciudadana para luchar conjuntamente también contra los delitos de odio en la red, ya que, según el ministro, Internet tiene capacidad para alcanzar grandes audiencias y proporciona garantías de anonimato.

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