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La Organización Impulsora de Discapacitados (OID) está desde hace años en el punto de mira por diferentes motivos, operan a nivel nacional con una facturación anual de más de 56 millones de euros, sin dar de alta a los trabajadores según informe policial y sin cumplir sus obligaciones fiscales. Son varias las actuaciones que la Policía ha realizado contra esta organización que se financia de la venta de cupones usando el sorteo de la ONCE.

La ultima actuación tuvo lugar en Andalucía donde la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía desarrolló una operación contra el juego ilegal. Los agentes intervinieron  la sede de la Organización Impulsora de Discapacitados en Córdoba, requisando 16.960 cupones que estaban preparados para ser vendidos en la ciudad y provincia, lo que supone la mayor incautación contra este tipo de loterías llevada a cabo en la provincia en los últimos tiempos.

Son muchas las actuaciones y sanciones que esta organización a tenido a nivel nacional.  Según la lista de morosos de Hacienda de 2017 y 2018, esta organización debe mas de 86 millones de euros. Además, la OID fue sancionada con una multa de 25 millones de euros por actividades ilícitas de juego que han conseguido paralizar hasta el momento por un supuesto defecto de forma. En cuanto a las condenas, varias decenas de tribunales (De Instrucción, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo) desestimaron recursos de la OID y confirman su ilegalidad a la vez que constan 16 sentencias de la Audiencia Nacional. Tanto es así que Equipo de Investigación de La Sexta realizó un reportaje donde se confirman las sospechas sobre dicha organización y donde incluso el juez del Juzgado de Instrucción nº 4 Madrid manifiesta que el Estado debe censurar la actividad ya que se hacen pasar por la ONCE. También en dicho reportaje se puede observar al presidente de la organización alegando desconocer sus ingresos, reconociendo a su vez que los cupones se imprimen en “un lugar secreto”.

Varios extrabajadores y colectivos como la ONCE y CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) luchan cada día por erradicar el juego ilegal. Según el presidente del CERMI esta organización no pertenece a la discapacidad y se aprovecha de ella para “llenarse los bolsillos”, así lo declaró en el reportaje de investigación de La Sexta, donde el experto en blanqueo Juan Carlos Galindo, ofrece datos sobre el entramado empresarial millonario del presidente de la OID.

Ademas de ese reportaje, En el punto de mira de Cuatro se grabó otro similar sobre el que la OID logró, de momento, que se quite de la web aunque en el propio site de la OID si aparece al menos la entrevista de Mireia Llinares a su presidente, el cual dice que tuvo años las cuentas bloqueadas, que no saca todos los números a la venta y que los cupones se imprimen en un sitio misterioso entre muchas otras cosas.

En La Mañana de la 1 también se denunciaron algunas de las prácticas presuntamente irregulares que a diario comete la OID en toda España. Uno de los casos es el de Samuel Grao de Callosa del Segura que denuncia en La Sexta y otros medios que le hicieron recaudar medio millon de cupones no premiados a cambio de una silla de ruedas adaptada a sus necesidades la cual nunca llegó. Parece ser que nadie ha denunciado esta presunta estafa, sin embargo el presidente de la OID reconoce en La Mañana de la 1 que toda la comunidad valenciana se volcó en la causa y que no le dieron la silla porque pidieron una mejor mientras que ellos se defienden diciendo que se comprometieron a abonar la diferencia.

Otro caso mediático es el de Diego Nevado Martínez con el cual H50 ha podido entrevistarse, un joven que vendía cupones de la OID en Valencia y que según manifiesta ha recibido presiones y amenazas que le han provocado acabar tomando medicación para la ansiedad. Este chico nos ha hecho llegar una querella interpuesta a la juez de instrucción número 10 de Valencia y funcionario a los que acusa de vejaciones, falsedad documental y prevaricación en un juicio por una denuncia que según él que no se corresponde con la realidad y por la cual fue condenado a 60 euros por amenazas a la delegada cuando afirma que era al contrario. Diego manifiesta que no se le dejo hablar, llevar abogado, defenderse ni hacer absolutamente nada en su defensa y que tras agotar las vías en España piensa interponer recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya que no quiere aceptar una condena injusta.

“ponen en la sentencia cosas que yo no he reconocido y dicen que si”, lamenta Diego que ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org. 

Este diario ha podido comprobar que el fiscal ha pedido al juez instructor que se remita la querella interpuesta al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Además, el afectado nos remite unas sentencias que condenan al marido de la inspectora por maltrato de obra mientras vendía lotería nacional en el ambulatorio y a la vista de menores se produjo la agresión. Sin embargo, la inspectora denunció dando otra versión y tanto el Juzgado de Instrucción nº 7 de Valencia que juzgó ambas versiones, como la Audiencia Provincial nº 2 hemos comprobado que absuelven al vendedor condenando al marido de la inspectora por lo que se ha puesto denuncia contra la inspectora por un presunto delito de denuncia falsa y falso testimonio.

También la actual presidenta y un administrativo han sido demandados por Diego en una demanda civil de honor por difamaciones que valora el Juzgado de Primera Instancia nº 4 con juicio el 13 de septiembre y con 2 actas notariales dando fe, como hemos podido comprobar en la demanda lo que se reclama es un total de 6.000 euros, la rectificación y difusión de la sentencia una vez firme. Según explica el demandante, cuando a la OID les llegó la demanda pusieron una idéntica en Talavera de la reina que es donde tienen la central y su abogado de oficio ha respondido a ella como hemos podido saber que no es cierto que se hayan producido las expresiones a las que hace referencia la OID dado que la página indicada ni siquiera existe y que aunque se hubieran hecho seria haciéndose eco de los medios que nunca han sido demandados o condenados a nada.

Dicho juicio también esta señalado para septiembre “estoy comiendo de la solidaridad,espero que no me hagan ir de Valencia a Talavera y lo pueda hacer por videoconferencia y la OID pague las costas”, “confio en el trabajo que esta haciendo mi abogado de oficio y estoy seguro que seré absuelto ya que no recuerdo haber vertido esas afirmaciones ni aparece mi nombre en esas capturas”, declara Diego que además insta a las autoridades a investigar a fondo las sentencias, denuncias, incutaciones, problemas con hacienda, falta de seguridad social a los vendedores…

Diego también fue indemnizado en una resolución del Juzgado de lo Social 9 Valencia la cual acuerda pagar 800 euros por estar sin Seguridad Social y explica que ha estado y está en muchas otras asociaciones y nunca ha tenido problema alguno con nadie y que le pusieron una sanción de unos 300 euros por vender esos cupones sin conocer su ilegalidad y le han embargado pero a ellos por deber mas de 86 millones de euros a hacienda no les pasa nada (lamenta). Diego ha tenido que pedir un abogado de oficio y recurrir a la sala de lo Contencioso Administrativo de Valencia cuya vista es el 15 de junio.

“tengo muchos procedimientos por culpa de esto y solo quiero que pase ya todo”, indica el afectado que no entiende cómo la organización lleva unos 30 años operando a nivel nacional a pesar de todo y el Colegio de Abogados de Valencia ya no quiere designarle más letrados de oficio por lo que se siente indefenso y solicita ayuda y que todas las posibles víctimas contacten con él a través del número de teléfono 692955746, así como otros colectivos que puedan ayudarle.

Otro caso sorprendente es el de Jose Muñoz que denunció en toda la prensa y en el programa En el punto de mira  ya que José Muñoz ganó el 2005 un sorteo de la Organización Impulsora de la Discapacidad (OID), una lotería no reconocida legalmente. Tuvo que pleitear con la OID porque la organización se negaba a pagarle y en 2011 ganó el caso. En 2014, Hacienda le reclamó por sanción administrativa una parte de las cantidades cobradas y llego a hacer una huelga de hambre. Cuando José, junto a otras dos familias, resultó en el 2005 agraciado, la OID se negó a pagarle el premio aduciendo que los boletos habían sido devueltos y le acusaron de una estafa.

Se inició entonces un largo proceso judicial que finalmente los jueces fallaron a su favor obligando a la entidad, en 2011, a pagarle el premio. La sorpresa para este hombre, que tiene tres hijas, la menor de ellas de cuatro años y medio, llegó en 2014, cuando Hacienda le reclamó por sanción administrativa una parte de las cantidades cobradas que ha ido creciendo hasta situarse, a fecha actual, en 72.000 euros.

A José, que trabaja para la ONCE desde el 2006, Hacienda le embarga cada mes alrededor de 450 euros de su nómina, por lo que ha dejado de hacer frente a su hipoteca y se ve, si el conflicto no se soluciona, en la calle con su familia. “He recibido incluso una carta de Hacienda en la que se ordena un embargo de mi vivienda”, asegura José en una entrevista. “Esto para mí es como una enfermedad”, añade. José se defiende argumentando que es “un padre de familia que no ha intentado apropiarse de nada”. “A mí me pagaron los juzgados una cantidad, que no me la pagaron directamente a mí sino a mi abogado y sólo él se lleva una tercera parte del premio en concepto de honorarios y por los gastos que tuvimos durante el proceso”, apostilla.

La sanción actual supera, no obstante, el 60% del montante total del premio. Por eso no entiende, entre otras cosas, “cómo después de una lucha tremenda durante años, Hacienda quiere comer de algo que es ilegal” cuando además en la fecha en la que cobró el premio aún no se tributaba por juego. “Los únicos ingresos que entran en mi casa es mi nómina y me están embargando una parte muy importante. ¿Qué es lo que quiere Hacienda? ¿Que yo me suicide, que eche mi familia a la calle, que pierda mi trabajo? Es que no lo entiendo”, afirma José y por ello esta persona sigue luchando en los tribunales y con su casa embargada por el simple hecho de “tocarle la lotería”.

Victor Villar es otro discapacitado que denuncia en su blog http://www.victorvillarepifanio.com, las condiciones laborales sufridas en la OID. También Ramón Ramiro que tiene un hijo con discapacidad denuncia en La mañana de la 1 y varios medios escritos que como vendedor la Policía le intervenía los cupones y como inspector trabajaba todos los días mañana y tarde por 250 euros al mes, “la desesperación te obliga a aceptar este tipo de trabajos” alega, indicando a su vez haber sido acusado falsamente de quedarse dinero.

Como ya hemos indicado, jueces, policía, abogados, víctimas, peritos y asociaciones como ONCE Y CERMI denuncian todos estos hechos pero a día de hoy, los cupones se siguen vendiendo por las calles de toda España, siguen recaudando importes elevados de dinero, imprimiendo los cupones en lugares desconocidos, los vendedores sin Seguridad Social y cobrando un 30% de las ventas teniendo luego que denunciar en los juzgados.

Ni Hacienda, ni la Policía, ni los jueces han podido  con ellos,

Toda esta información forma parte de un compendio, ha sido estudiada,comprobada y ademas ya ha sido publicada por otros medios por lo que es absolutamente veraz y cuanto menos sorprendente.

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