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Golpe en la mesa de la Fiscalía de las Islas Baleares contra la ocupación ilegal de viviendas habitadas en esta comunidad autónoma. Este digital ha tenido acceso a una Instrucción en la que insta a la Policía a actuar de oficio y sin necesidad de resolución judicial cuando se trata de domicilios habitados o segundas residencias. 
Se acabaron las dudas, en caso de encontrarnos nuestras casas okupadas al volver de nuestras vacaciones, la Policía deberá «proceder directamente y de forma inmediata al desalojo de los terceros ocupantes y su detención».  Así se expresa en una reciente Instrucción 764/19 de 10 de junio firmada por el Fiscal Superior de Islas Baleares, Bartolomé Barceló Oliver.
Bartolomé Barceló Oliver, Fiscal Superior de Baleares
Nuestras segundas residencias, en las cuales pasamos cierta parte del año y en cuyo interior se encuentran objetos y enseres personales, siguiendo la doctrina del TS,  también serán fruto de protección policial, sin necesidad de una orden judicial que, en la mayoría de las ocasiones, se atrasa desmesuradamente en el tiempo.
Se da carpetazo en principio a la inseguridad jurídica que llevaba a la Policía a no actuar de oficio, provocando una ardua sensación de indefensión entre las víctimas, abocadas a largos y costosos procesos judiciales para recuperar su legítima morada.
En caso de duda razonable sobre la naturaleza delictiva de la conducta realizada en los casos de ocupación de inmuebles se solicitarán previamente las correspondientes medidas judiciales.
La Fiscalía ha decidido intervenir al «no haber  una respuesta jurídica uniforme» hasta el momento, lo cual ha creado una creciente indefensión en las víctimas difícil de acatar. Resulta que el derecho fundamental a la inviolabildidad domiciliaria y el derecho a la propiedad privada estaban siendo sistemáticamente pisoteados por okupas sin escrúpulos, y lo que es más grave, amparados en una pasividad plausible del propio sistema.
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La okupación se trata de un creciente problema social y legal que al menos en Baleares se han propuesto ponerle fin, dando respuesta a una problemática que se deberá ver refrendada en las futuras decisiones judiciales al respecto. De la misma forma, en las próximas fechas dilucidaremos si el resto de Fiscalías continúan por la misma senda de protección de las víctimas de okupación ilegal y dictan instrucciones similares.

 

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