La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han detenido a 59 personas durante el desarrollo de la operación “Galatea” dirigida contra el fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social. Las actuaciones las han realizado en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, Gerona, Huesca, La Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora y la estafa la ha cuantificado en torno a los 18.705.509,87 euros.
Las investigaciones comenzaron a principios del año 2018, tras recibir varias denuncias que informaban sobre hechos ilícitos cometidos contra la Tesorería General de la Seguridad Social. Tras el análisis de la documentación, observaron que crearon entramados empresariales con empresas deudoras y empresas pantalla a las que se les repercutían los beneficios y el patrimonio con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería.
Los 59 detenidos son principalmente los administradores de hecho de las empresas, pero también sus testaferros –algunos de ellos trabajadores que figuraban en connivencia-, así como familiares de los primeros. La Policía Nacional les ha imputado delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, grupo criminal, contra el derecho de los trabajadores y apropiación indebida.
Avanzadas las investigaciones, los agentes realizaron informes patrimoniales de las personas implicadas con el fin de que pueda solicitarse el embargo de los bienes localizados.
Crearon un grupo empresarial dedicado a la enseñanza
En Madrid han desarticulado un grupo empresarial no transparente dedicado a la enseñanza y a la educación, creado con la intención de generar confusión entre las sociedades que lo conformaban. Tres de las empresas soportaban el alta de todos los trabajadores, generando las deudas a la Seguridad Social al no abonar las cuotas de los docentes y administrativos. Además, sufría en sus cuentas todos los gastos de mantenimiento de edificios, pagos de proveedores y personal.
Elegían diferentes empresas para recibir los ingresos del grupo empresarial, recibidos principalmente de las cuotas de los alumnos de un centro educativo Internacional situado en Madrid, el cual hacía de unión entre todas las mercantiles.
El director del centro educativo orquestó presuntamente el fraude a la Seguridad Social administrando todas las empresas investigadas, en las que había una plantilla única y patrimonio social confundido, existiendo trasvase de trabajadores sin conocimiento de éstos ya que sus labores siempre eran similares en el mismo lugar.
Sólo en el año 2017, dos de las empresas pantalla recibieron un volumen de 6.478.414,3 euros que fueron desviados desde las empresas deudoras, si bien la deuda generada a la Seguridad Social desde el 2011 por este grupo asciende a 4.204.739,33 euros.
El responsable de estas actividades ilícitas ya fue investigado por hechos similares ocurridos entre 2009 y 2010. En aquella ocasión lo detuvieron por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.
La garantía de una pala cargadora a la que le quitaron su motor
En la provincia de León los agentes han detenido al ideólogo de una sucesión empresarial dedicada a la “explotación de canteras”, así como a sus testaferros, quienes no habían abonado ninguna cotización de los más de 170 trabajadores que había tenido de alta desde el año 2009 hasta nuestros días, generando a la Seguridad Social una deuda por el impago de los seguros sociales de unos 575.000 euros.
Se crearon sociedades superpuestas en el tiempo con el objetivo de suceder a la deudora anterior, continuando la misma actividad en el mismo local y, así, operar en el mercado con una empresa limpia de cargas.
Los investigadores observaron que el capital social ascendía a casi un millón de euros y su patrimonio neto declarado en 2016 rondaba el millón doscientos mil euros. Sin embargo, sobre el papel carecían de patrimonio de cierto valor.
Los investigadores acreditaron indicios de descapitalización; trasvase de trabajadores; unidad de dirección de las empresas; utilización de testaferros; facturación cruzada; y búsqueda por parte de socios y órganos de gestión de falsa apariencia de independencia entre empresas.
Además, utilizaban fraudulentamente la falta de pago de las cuotas a la Seguridad Social como una herramienta de gestión empresarial, reduciendo costes frente a competidores, que no podían rivalizar en el precio de la venta de pizarra y piedra ornamental al tener que soportar costes superiores.
Para retrasar o impedir el legítimo cobro de la deuda por parte de la Tesorería General, los investigados llegaron a acuerdos de aplazamiento que incumplieron. En uno de estos acuerdos se constituyó como garantía de pago una pala cargadora caterpillar y, al requerir la Tesorería General de la Seguridad Social su cobro, se negaron a entregarla. Posteriormente los cuerpos de seguridad la localizaron para su precinto, aunque estaba inservible y sin valor porque los propietarios, al parecer, le habían quitado el motor.
Dos personas fueron detenidas por estos hechos y una más resultó investigada por los delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.
