¿Por qué no hay justicia salarial para Policía y Guardia Civil?

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Somos lo que  el partido del Gobierno quiera y su voluntad disponga

David Serrada, vocal de interior del Partido Socialista, explicaba desde el estrado del Congreso de los Diputados que la igualdad entre policías en España no era posible. Así respondía el diputado ante la iniciativa legislativa de Jusapol, alegando que esta igualdad entra en confrontación con artículos de la Constitución Española, el Estatuto del Empleado Público, varias leyes orgánicas, los Estatutos de Autonomía y la Ley de Presupuestos Generales del Estado, entre otras.

 

Una ley para”Estados”autónomos.

Las Comunidades Autónomas, mal que nos pese, funcionan a modo de estados independientes. Que nadie se asuste, pero es así. En el caso de la seguridad pública, nuestra Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la  seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de Policías autonómicas en la forma que se establezca en los respectivos estatutos en el marco de una ley orgánica.


País Vasco, Cataluña, Navarra… poseen legislación propia que desarrolla competencias exclusivas y transferidas en materia de seguridad, lo que les confiere un carácter independiente en su regulación. Una ley estatal no supone automáticamente vinculación para las comunidades autónomas en materia transferida.

        Estatuto de la Función Pública

Por otro lado, aunque existen precedentes legales especiales en materia de retribuciones para otros colectivos de trabajadores del Estado, los policías forman parte de esa “empresa estatal”, se rigen por el Estatuto de la Función Pública, mediante el cual se regulan sus salarios y los hace depender, entre otras cosas, del grupo al que pertenecen o de los presupuestos anuales. Exactamente de la misma forma  que otros “compañeros de la función pública” como médicos, profesores, enfermeros, etc.

Todas estas dificultades deben ser sorteadas por una una ley que, que desde el punto de vista del PSOE, se antoja complicada. Por si fuera poco, sus principales impulsores han impuesto públicamente un plazo máximo de tan solo 6 meses para su estudio y promulgación.

Y es que el problema de legislar con “sujeciones” nos lleva hasta un Gobierno que dice públicamente SÍ a la igualdad, pero la presenta como un proyecto imposible.

Lamentablemente presagiamos, en caso de desarrollo, una ley casi vacía de contenido, con alusiones a leyes presupuestarias y a otros textos normativos.

¿EQUIPARACIÓN O ARMONIZACIÓN?

Porque claro, pensar en una Ley de Armonización que establezca los criterios marco es mucho pedir y nadie lo ha mencionado. Una ley de armonización que realmente vinculara a los Estados, perdón, autonomías implicadas. Una ley que necesitaría para su aprobación en las Cámaras mayorías muy cualificadas (El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad) Y EL COMPROMISO REAL de todos en las Cortes llegando incluso a la posibilidad de cambiar el modelo policial establecido en la LOFFCCS.

Quizás haya llegado el momento de dar un paso más allá, en vez de la “EQUIPARACIÓN” busquemos una,

                                 ARMONIZACIÓN, afrontando un nuevo modelo policial.

Aunque, viendo las circunstancias y los proyectos que actualmente trabajan en ello, se nos antoja tarea aún más difícil.

Lo comentaremos en el próximo artículo.

Periódico Digital POLICIAH50

 

1 Comentario

  1. Se puede hacer una ley que afecte al estado “central”, ( por seguir el simil del artículo) únicamente. Tan fácil como prohibir salarios estatales inferiores a los que se perciban en las CCAA por la misma función. Para eso basta mayoría simple. Claro que 316 a 22, hasta la fecha, es mayoría cualificada para ley de armonización, orgánica o incluso para cambiar la CE, que es precisamente la mayoría que se obtuvo la semana pasada en el congreso. También se puede, con, más simple aún, voluntad política compensar económicamente la supresión del derecho a la huelga, que sufren los miembros de las FFCCCSSE, en el importe necesario para “equiparar” . Al fin y al cabo, todo el mundo sabe que con ese derecho, normal a cualquier otro ciudadano, funcionario o no, ya estarían equiparados hace años… Tendencioso … el artículo digo. Porque se han hecho cosas más difíciles, más injustas, e incluso más difíciles y más injustas simultáneamente, que esto, créame.

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