Violencia sin género

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El 30 de abril fue detenido un rumano de mediana edad en Zaragoza por agredir a la hija de su pareja. Importa más el efecto que la causa, una niña de cuatro años ingresada en el hospital a punto de morir por los fuertes golpes que había recibido en la cabeza y en el tórax.

Varios detalles han salido a la luz: el trastorno límite de la personalidad de la madre es uno, también que era conocida por la Policía por consumir estupefacientes, hasta el punto de haber sido identificada y cacheada en la vía pública por los agentes cuando iba en compañía de la menor. También era corriente que la Policía acudiera a ese domicilio a altas horas de la madrugada, tanto como los quejidos de la niña por los golpes que recibía cada noche, pero no había una víctima de género, un delincuente de género ni presupuestos de género.

Si la víctima es una niña de cuatro años, puntúa menos que una mujer adulta. Nadie valoró el riesgo.

La Administración Local fue lenta, tanto como la Policía (no sabemos qué cuerpo).

El modelo policial se nutre de instituciones nacionales, autonómicas y locales, organizadas de acuerdo con las normas del siglo pasado y constituyendo una proyección del modelo de estado. Ambos modelos (policial y de estado), igual de ineficaces e ineficientes, están repletos de instituciones que no responden a la necesidad de una toma de decisiones urgente que sí demanda una sociedad cambiante al policía que patrulla las calles.

Todo ello quedó patente.

Por su parte los “expertos” del Ayuntamiento dicen que “estaban haciendo estudios de desprotección hipotética”, cosas de funcionario que pulula entre los despachos del ayuntamiento y los pasillos de la universidad paseando fotocopias, estudios de caso práctico en que no cuenta la vida de la víctima porque lo que importa es el propio estudio y que te publiquen un artículo. De hecho, la víctima es necesaria porque sin víctima no hay estudio, tomar decisiones y proteger no es un asunto de académicos.

A los policías les habían insistido en meter entre rejas a todo aquel denunciado por violencia de género tanto si la denuncia tenía fundamentos como si no, pero detener siempre “por si acaso”. Les habían dicho que salieran a la calle a buscar maltratadores “de género” y víctimas también “de género”, pero una toxicómana con una niña de cuatro años no era víctima “de género” y no había nada que hacer.

La niña era una víctima invisible porque no era “de género”.

Alguien no hizo bien su trabajo cada vez que de una actuación policial no se derivó un oficio a la Fiscalía de Menores, como ha de ocurrir en toda intervención policial en que hay presencia de estos y pueda existir una situación de riesgo, ya sea por el entorno, por los padres o por las altas horas de la madrugada.

De otro modo la Fiscalía nunca sabrá lo que ocurre y tampoco podrá hacer su trabajo, la responsabilidad de proteger comienza en la Policía.

Esos policías dependen de un aparato burocrático dirigida por otros que habían memorizado más temarios y habían aprobado más exámenes de tipo test que ellos. Detrás de todo hay una administración fallida.

Alguien había decidido que no era necesario mantener actualizada la formación de los policías y decirles que tan importante era proteger a una niña, a un niño, a un anciano o a una mujer. No les habían explicado que la “omisión del deber de custodia” (art 233 CP) es tan delito como lo es la “violencia de género” y lo pueden estar cometiendo los padres, aunque no se destinen presupuestos millonarios a proteger a los niños, aunque los políticos no hablen de protección a la infancia y aunque los medios ignoren estos casos hasta que pasan a ser dramáticos, casos no menos frecuentes que la violencia sobre la mujer. Pero sí más invisibles.

Volviendo a la “violencia de género”, se puede constatar de manera fehaciente en este terreno uno de los pilares que sostiene nuestro modelo policial: la propaganda.

Decirle a la gente que está segura, pero no darle seguridad, y dejar que en períodos electorales esta propaganda alcance niveles vergonzantes.

El uso político de lo visceral incluyendo la violencia, es histórico y comienza cuando ciertos partidos y sus entornos mediáticos intentan convencernos de que millones de personas por el hecho de depositar en una urna un voto de determinado color, se levantan por las mañanas sin que les importe nada que mueran mujeres y no quieran hacer nada por evitarlo.

La idea es dantesca, pero eso ocurre cuando sumamos vísceras, propaganda y elecciones.

Se sigue sacando tajada de la tragedia de manera maquiavélica cuando la ley se rodea de creencias totalitarias propias de cualquiera dictadura, esto entra en conflicto con los policías porque su trabajo no es defender ideologías, sino actuar profesionalmente con base a hechos y datos. Prestar una atención individual a cada caso y no adoptar medidas colectivas.

El castigo a las verdaderas víctimas se consuma cuando se detraen millones de quienes de verdad los necesitan para promover la ideología.

Si en una comisaría hay dos policías para dar seguridad a 70 víctimas potenciales no importa, pero que no falten talleres de masturbación, adoctrinar es más importante que solucionar los problemas reales.

A algunos les va muy bien con este tinglado de la industria de género, pero desde luego no a las víctimas.

Las cifras dejan poco lugar a la duda, y el escándalo descubierto en Andalucía con cientos de personas colocadas por el anterior gobierno sin ninguna titulación, participando en los informes de valoración, quizás debería acabar con algunos a la cárcel.

No olvidemos que en base a esos informes había jueces tomando decisiones sobre derechos fundamentales.

La Ley Integral de Violencia de Género es mala, muy mala, y lo es porque confunde las premisas y no atiende a los verdaderos problemas.

No es suficiente repetir el mantra de que mueren más mujeres que hombres o de que “las siguen matando”, es que las leyes se crean para solucionar problemas y más de una década después de aprobada esta y con todos los millones invertidos, el número de mujeres muertas se sostiene, las víctimas sostienen los presupuestos y este dinero permite seguir construyendo ideologías. Sin víctimas no hay dinero para adoctrinar en creencias ajenas a la violencia.

Como consecuencia se produce una situación única: más de 130.000 denuncias de media todos los años con apenas 25.000 condenas. No hay ningún delito con autor conocido en ningún código penal de ningún país del mundo con semejante ratio.

Es aberrante que se siga insistiendo en esa dirección, que deja una cifra de denuncias falsas imposible de contabilizar por diferentes motivos, uno de ellos es que el diseño del propio sistema está organizado para no permitir que se puedan contabilizar las denuncias falsas y los falsos positivos, que son cosas diferentes según su motivación, denuncias motivadas por la mala fe o por la ignorancia.

El mecanismo está diseñado para cocinar estadísticas de condenas en base a conformidades que no se sostendrían en caso de entrar a juicio, cada una de esas conformidades implica que hay un denunciado reconociendo el delito que a menudo no ha cometido “para reducir pérdidas y no entrar a juicio”.

Les dicen que “es por su bien”, pero no, es por el bien de los presupuestos, a quien benefician las conformidades es a los malos de verdad.

Luego están los sobreseimientos provisionales, el agotamiento del absuelto que le retrae de iniciar un nuevo proceso una vez acabado el infierno judicial y la nula disposición de los poderes públicos a este menester. A ello se suma la indisposición de la Fiscalía a perseguir los casos demostrados como denuncia falsa, aunque conste en la sentencia.

En una comisaría media se pueden encontrar siete u ocho policías destinados a los hurtos o a las denuncias de teléfonos móviles perdidos, algunas también falsas para cobrar seguros, pero no hay funcionarios dedicados a separar los casos reales de los conflictos de baja intensidad en que no hay violencia y acaban siendo falsos positivos o denuncias falsas, no se atreven a crear una unidad así. Tampoco se atreven a dar una respuesta proporcional a estos últimos.

Mientras el modelo policial siga orientado a sostener estructuras de poder mediante la propaganda, las falsas estadísticas, reforzando la ideología a través del adoctrinamiento, ignorando los problemas y no prestando atención a las tareas policiales que dan respuesta a la demanda social, poniendo al factor humano en el centro de la diana, todo seguirá por hacer.

Hay que buscar la manera de integrar unidades frente a la tradicional compartimentación por competencias, la transversalidad es compatible con la especialización y permite más intercambio de conocimientos y experiencias. Hay que quitar el foco sobre los fines y ponerlo sobre los medios, no importa si a corto plazo existe poco impacto mediático y el interés político queda en segundo lugar, lo que importa es tener un plan realista a futuro como propone Una Policía para el Siglo XXI.

Es necesario ampliar el alcance de la idea de violencia, despojarlo de la ideología y meter la violencia intrafamiliar en la agenda, permitir que la perspectiva profesional tenga más peso que las estadísticas e integrar a todas las víctimas dentro de un mismo modelo policial que no deje víctimas de primera y víctimas de segunda categoría.

Las causas de la violencia son múltiples y están en la calle, no en los despachos, se aprenden viendo y escuchando, no leyendo. Las soluciones han de ser profesionales e individualizadas, no colectivas, no políticas, sin ideologías y sin doctrina.

Samuel Vázquez Álvarez

Coordinador General de la plataforma Una Policía para el S. XXI

Miembro de los grupos operativos de respuesta de la Policía Nacional.

Diplomado en Criminología.

Escritor y articulista de prensa.

Último libro:

                           

 

Juan Pablo de Anca Cuesta.

Miembro de la plataforma; Una Policía para el S.XXI

Subinspector de Policía.

Master dirección de Sistemas de Información (USAL)

Grado en Relaciones Internacionales (URJC)

Experto en crimen organizado trasnacional (IUGM)

Experto en análisis de inteligencia (UAM)

 

 

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